Artículo: De las armas a las urnas

La participación política de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) es uno de los puntos que se está discutiendo en los diálogos de paz que se realizan actualmente en La Habana, Cuba, entre este grupo guerrillero y el Gobierno de Colombia.

Nuevamente, el pueblo colombiano se encuentra ante una de las situaciones más difíciles de afrontar cuando se realiza un proceso de paz: aceptar la participación política por parte de los grupos armados al margen de la ley, en este caso, la de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Sea cual sea la opinión de cada ciudadano, el Congreso de la República está proponiendo reformas a la Constitución Política para incorporar  unos mecanismos que permitan dicha participación, teniendo en cuenta que también haya cierto grado de justicia con las víctimas.

El Marco Jurídico para la Paz (también conocido como Marco Legal para la Paz) es uno de estos mecanismos, el cual según David Mendieta González, abogado especialista en Derecho Constitucional y docente de la Universidad de Medellín, “es una serie de herramientas que buscan establecer parámetros de negociación y reincorporación de grupos guerrilleros al contexto social”.

Este marco jurídico está muy relacionado con otro concepto conocido como Justicia Transicional, definido por el profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, William Fredy Pérez Toro, como “un mecanismo que se establece en las sociedades o en los países que han sufrido conflictos armados y quieren transitar hacia situaciones de paz”.

El abogado Mendieta afirma que el Marco Jurídico para la Paz se encuentra instaurado en los artículos transitorios (aquellos que tienen una vigencia momentánea o temporal) 66 y 67 de la Constitución Política de Colombia en el Acto Legislativo 01 de 2012.

Este Acto Legislativo se encuentra en la página web de la Corte Constitucional y dentro de él está el artículo transitorio 66 el cual dice que el objetivo final de la Justicia Transicional es “facilitar la terminación del conflicto armado interno y el logro de la paz estable y duradera, con garantías de no repetición y de seguridad para todos los colombianos; y garantizarán en el mayor nivel posible, los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”. Mientras tanto, el artículo transitorio 67 afirma que no podrán participar en política ni ser elegidos quienes hayan sido condenados y seleccionados por crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos de manera sistemática.

Aceptar o rechazar: el gran dilema

La encuesta: ¿Qué piensan los colombianos sobre el proceso de paz?, realizada por la Universidad de los Andes y Barómetro de las Américas durante los meses de agosto y septiembre del año 2013 y publicada en la revista Semana reveló que “el 54 por ciento de la gente apoya la salida negociada, más del 76 por ciento de los encuestados rechaza que los guerrilleros desmovilizados participen en política y casi la mitad no aceptaría el resultado si uno de ellos gana las elecciones en su región”.

En ese porcentaje de los que rechazan dicha participación se encuentran personas como el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, quien en una intervención de 15 minutos ante la Corte Constitucional aseguró que “avalar la participación política de las Farc es enviar un mensaje de impunidad”. Esto mismo piensa Geiner David Quintero Hincapié, un joven de 19 años que en 1999 fue víctima del conflicto armado en El Bagre, Antioquia: “Sí, es una impunidad y no estoy de acuerdo con que no paguen por sus delitos”. A pesar de su inconformidad, Quintero es consciente de que ellos no se entregarán ni bajarán sus armas para ir a pagar cárcel: “Aunque no estoy de acuerdo con la impunidad, hay que ser sinceros: dejarlos libres de sus cargos ayuda al proceso de paz”.

Ordoñez y Quintero, no tienen mucho en común, pues el primero posee un gran cargo de poder público en Colombia, es decir, es una persona prestigiosa del país y, el segundo es un joven que pertenece al rango entre los 4,9 y 5,5 millones de personas que, según un informe del Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno publicado en el periódico El Tiempo, han sido víctimas de desplazamiento forzado en Colombia pero que lucha día a día por salir adelante en este país donde por más de 50 años ha reinado la violencia. Tal vez, lo único que comparten es su opinión acerca de que pagar con cárcel es sinónimo de hacer justicia.

Por su parte, Jaime Rafael Nieto López, profesor del departamento de Sociología de la Universidad de Antioquia opina que sí está de acuerdo con que este grupo al margen de la ley participe en política, siempre y cuando dejen las armas. Además, afirma que “lo que ha fracasado con las Farc es el modelo de hacer política armada”.

Igualmente, el abogado Mendieta considera importante que las Farc participen en política, con la condición de que su  discurso deje de ser armado, y se vaya al Congreso a través de ideas, de propuestas a través de votos: “siempre será mucho mejor la lucha democrática con ideas y con conceptos que la lucha armada”.

Penas alternativas: otras metodologías de sanción

Ninguna negociación en el mundo ha terminado con los agentes guerrilleros en la cárcel porque, como lo asegura el profesor Pérez Toro: “Ningún actor enfrentado en un conflicto armado estaría dispuesto a desmovilizarse o reintegrarse a una sociedad para ir directo a la prisión pero tampoco ninguna sociedad estaría dispuesta a que ese actor que se desmoviliza y se integra no responda por las cosas que hizo”.

Por eso, para que haya cierto grado de justicia con las víctimas y para que los guerrilleros no tengan que ir a la cárcel, el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, propuso dos penas alternativas diferentes a la privación de la libertad: la primera es que las Farc desminen el país y la segunda que realicen trabajo social comunitario. Estas propuestas las hizo en un debate titulado: Víctimas, derecho a la verdad, justicia y reparación realizado el pasado 29 de abril en Bogotá.

Pero no es la primera vez que en Colombia se hace la propuesta de que los agentes que participen en un proceso de paz y se desmovilicen no paguen con cárcel por sus delitos. Este hecho también ocurrió durante el acuerdo de paz entre las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y el gobierno de Álvaro Uribe Vélez a partir del año 2002 bajo un proyecto de ley alternatividad penal presentado por este presidente para que no se les privara de la libertad. Según el abogado Mendieta, finalmente esta ley no fue aprobada porque “la Corte Constitucional consideró que era inconstitucional (iba en contra de lo que dice la Constitución)”

Ideología de las Farc: Más allá de las armas

Las Farc persiguen una ideología conocida como marxismo-leninismo que es una doctrina política inspirada en Karl Marx (impulsor del socialismo) y Vladimir Lenin. El profesor Nieto López, quien además de ser docente pertenece al grupo de investigación Cultura, Política y Desarrollo Social, afirma que las Farc no son unos delincuentes sino un actor político armado que se “inspiran en un discurso de justicia social, igualdad y democracia”.

Pero en un artículo publicado por el medio de comunicación Periodismo sin fronteras titulado: Farc, guerrilla marxista leninista se enuncia que “sus actos criminales son una prueba de la pérdida o desviación de su ideología”.

No se sabe si han perdido su ideología o no pero lo cierto es que esta no sería la primera vez que las Farc participarían en política. También lo hicieron durante los acuerdos de paz llevados a cabo bajo el gobierno del presidente Belisario Betancur Cuartas. En un artículo de la revista Le Monde diplomatique titulado Vida y muerte de la Unión Patriótica de Colombia del año 2005 se puede leer que ante las exigencias por parte de las Farc de organizarse política, económica y socialmente se “dio lugar al surgimiento del movimiento político Unión Patriótica (UP), en mayo de 1985, un año después del comienzo de la negociación”.

El mismo artículo señala que “diversos actos de violación de los acuerdos condujeron al fracaso de la negociación” lo que hizo que la guerrilla volviera a sus zonas de influencia pero sin que la UP saliera del espacio público. Todo esto condujo a que muchos de los pertenecientes a este partido político fueran asesinados a partir del año 1985.

Participación política de otros grupos

Pero las Farc no han sido el único grupo armado que ha tenido un partido. Lo mismo pasó con el grupo guerrillero Movimiento 19 de Abril (M-19) pero a estos tampoco les fue muy bien ya que como lo afirma la página web Congreso Visible  "para la contienda electoral de 1990 tenían como candidato a la presidencia a Carlos Pizarro, pero éste fue asesinado el 26 de abril de 1990 dentro de un avión en pleno vuelo, al parecer por sicarios a órdenes de las mafias del narcotráfico”.

Por estas razones, en uno de los textos acordados en los diálogos de La Habana publicados en El Tiempo el pasado 24 de septiembre se puede ver que lo que las Farc piden son garantías para el ejercicio de la oposición porque no quieren que se repita lo ocurrido con la Unión Patriótica.

Hay que recordar que las Farc adelantan diálogos de paz en La Habana con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos desde noviembre de 2012, en los que las partes debaten actualmente el punto sobre víctimas tras llegar a acuerdos sobre desarrollo rural, participación política y drogas ilícitas.

Según el abogado Mendieta, la decisión final la tienen en sus manos los colombianos quienes a través de un plebiscito decidirán si aprueban o no lo acordado en los diálogos de paz, incluyendo la participación política de los futuros desmovilizados.